La crisis actual y el jefe de Gabinete de Ministros

Este trabajo es en primer término de naturaleza testimonial, en tanto recuerda brevemente las razones históricas que dieron origen en nuestra Constitución a la Jefatura de Gabinete de Ministros; en segundo término, trata ciertos fines que debería cumplir dentro del sistema institucional para contribuir a paliar crisis de naturaleza política y económico-sociales, y, en tercer término, los requisitos que requiere del conjunto de la dirigencia para tener éxito.

Comenzó a pensarse en la crisis que afectaba al presidente Alfonsín, de carácter económico, pero también ante el peligro de un nuevo golpe militar hacia su mitad de mandato; tenía por objeto proteger a la presidencia como institución cuando estaba sometida a fuerte desgaste, abriendo el juego político a acuerdos parlamentarios. Se robusteció esa idea, en la negociación con el justicialismo, manteniendo el régimen presidencialista sin derivar a un gobierno parlamentario (según el modelo de la Constitución francesa de 1958), pero reduciendo el mandato presidencial a cuatro años, para acotar los riesgos de caída de un gobierno. Y se terminó de elaborar por la crisis que produjo a la presidencia de Alfonsín la derrota sufrida en las elecciones de 1987 ante el justicialismo renovador; en ese momento, el mandato presidencial era de seis años, y esas elecciones fueron no solo de renovación parlamentaria, sino también provinciales: el justicialismo triunfó en la gran mayoría de las provincias, incluida Buenos Aires, en donde se consagró gobernador a Antonio Cafiero.

 Esa crisis política llegaba en el momento que el gobierno de Alfonsín sufría una situación económica casi terminal: una inflación creciente y escasas reservas en el Banco Central. Para ilustrar la situación, en una cena reservada en la casa de Ricardo Gil Lavedra, que permitió dialogar a Alfonsín con Cafiero, junto con los tres negociadores de la reforma constitucional (el dueño de casa, Carlos Nino y el autor de este trabajo), el presidente se hallaba algo aliviado porque se había conseguido vender en unos 300 millones de dólares la sede de la embajada argentina en Tokio (algo dice sobre la situación de las reservas), y estaba decidido a impulsar un acuerdo político para la reforma constitucional. Poco después de asumir Cafiero como gobernador, la alta inflación desencadenó una crisis social que obligó a realizar planes para ofrecer alimento a sectores más pobres: en la provincia de Buenos Aires se tuvieron que improvisar en muy poco tiempo comedores populares para dos millones de personas (contando con el apoyo de iglesias, clubes, cooperativas y entes de bien público).

 Cuando, durante 1988, se había avanzado en la elaboración de la reforma constitucional contando con el apoyo de Carlos Menem (quien triunfó en las elecciones internas del justicialismo como candidato presidencial), en septiembre se abortaron las negociaciones, ante la inminencia de las elecciones presidenciales de 1989 y ciertas resistencias en el radicalismo de su candidato, Eduardo Angeloz. La victoria del justicialismo en tales elecciones aceleró el deterioro financiero llevando a la primera hiperinflación, y la entrega anticipada del gobierno por Alfonsín y la asunción de Menem seis meses antes.

El segundo recuerdo de un proceso hiperinflacionario fue el que afectó a la presidencia de Carlos Menem hacia fines de 1990. Cuando fui designado procurador del Tesoro (titular del cuerpo de abogados del Estado), en la reorganización del gobierno por la cual Carlos Menem convocó como ministros a personalidades fuera de su primer círculo de confianza, pude comprobar la magnitud del proceso inflacionario que se afrontaba: como ejemplo, el Estado tenía la totalidad de sus cuentas embargadas y se abonaban con dinero emitido y en efectivo los gastos y salarios de la administración. La convertibilidad fue un plan de estabilización, que requirió para su éxito una amplia consolidación de la deuda interna del Estado, seguida al año siguiente con un arreglo de la deuda externa –el Plan Brady– negociado con casi 500 bancos acreedores, conducido por el Citybank. El tercer proceso de muy alta inflación, paralelo a la derrota en las elecciones de medio término, ocurrió en la presidencia de De la Rúa, quien se negó a designar un jefe de Gabinete afín al justicialismo y ello condujo a la crisis terminal del año 2001/2002, con conocidas consecuencias sociales, que aún se sienten.

El panorama actual ofrece parecidos con esos antecedentes: la alianza de gobierno fue derrotada en las elecciones de medio término, con lo que perdió el control del Congreso (a esta altura de 2022 estamos aún sin presupuesto nacional aprobado) y con instrumentos jurídicos muy limitados para su accionar, además de los conocidos problemas internos que presenta. La designación de un jefe de Gabinete de Ministros, para la protección del mandato presidencial un año y medio antes de su finalización, no debería ser pensada en términos exclusivos de cohesionar esa alianza gubernamental, sino en la posibilidad de dialogar con sectores de la oposición para elaborar un programa de leyes que no solo permitan una conclusión pacífica y natural de la presidencia en ejercicio, sino que a la vez preparen las condiciones de gobernabilidad para un futuro gobierno. En este sentido, a sectores de la oposición les convendría colaborar con un programa de gobierno de mediano plazo, consensuando un paquete de leyes, porque –de triunfar en las elecciones de 2023– también necesitarán contar con mayorías en ambas cámaras del Congreso para llevar adelante sus programas, y el sistema de renovación por tercios (de provincias) en el Senado y por mitades en la Cámara de Diputados no ofrece garantías de tener tales mayorías.

Por otra parte, un programa de desarrollo económico, basado en normas constitucionales vigentes, que protegen las libertades económicas individuales, a la vez que otorga al Estado un destacado papel para el progreso nacional, regional, provincial y de integración latinoamericana, con inclusión social, será una eficaz garantía institucional para acreedores externos e internos y podrá alentar un ambicioso plan de inversiones. El rol actual de un jefe de Gabinete de Ministros debería centrarse en construir tales acuerdos parlamentarios, en perspectiva de décadas por delante. De los laberintos se sale –desde los griegos– por arriba y no perdiéndose en sus vericuetos.